¿Transparencia o control a la prensa?

Entre los coletazos más memorables que generó la investigación a la esposa del presidente español Pedro Sánchez por presunta corrupción y tráfico de influencias que comenzó en abril, los españoles no olvidan los cinco días de reflexión y suspenso que se tomó Sánchez para meditar si seguir o no al frente del gobierno de España y el anuncio de un plan de regeneración democrática para luchar contra la desinformación que su gabinete aprobó esta semana.

Desde entonces, la oposición critica lo que considera una estrategia de “censura” del gobierno de coalición, mientras la opinión pública pide aclarar aspectos del plan que, para algunos sectores, es una clara señal de injerencia política en el control de la prensa.

“Asumo mi compromiso de trabajar sin descanso por la regeneración democrática”, prometió Pedro Sánchez cuando anunció que no se iba, para nada, del Palacio de la Moncloa.

Según el gobierno progresista PSOE-Sumar que él lidera, el plan que tiene pensado llevar a la práctica durante los tres años de gestión que tiene por delante apunta a dos objetivos: la transparencia y la rendición de cuentas. Y pone el foco en dos de los principales actores de la sociedad: los medios de comunicación y el sistema político.

“Para que los ciudadanos tengan acceso a una información veraz”, lo presentaron los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun,

“Los españoles deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas”, reclamaba Sánchez en julio. “Que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que lectores”, insistía.

Para evitarlo, el plan de su gobierno postula que habrá un registro para conocer quiénes son los propietarios de los medios de comunicación y cómo se financian. Y que ese registro estará a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyos integrantes son elegidos por el Parlamento.

Se van a establecer, además, los criterios que definan qué es un medio de comunicación “frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar”, subrayó el martes el ministro de Cultura.

“La máquina del fango consiste en financiar a pseudo-medios de comunicación para que publiquen ‘bulos’ (mentiras), difamaciones, de las que luego se hacen eco los señores Abascal y Feijóo, y por último esos bulos se convierten en acusaciones falsas”, había estallado Pedro Sánchez cuando el juez Juan Carlos Peinado, de Madrid, admitió como válida, para iniciar una investigación, la denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente, basada en recortes periodísticos de un diario online.

Sánchez acusó, desde un primer momento, a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de ser los instigadores de las denuncias contra su mujer.

El plan de acción democrática contempla, para estos casos, que el derecho de rectificación se acote a plazos delimitados y a indemnizaciones para que las fake news (noticias falsas) sean desmentidas.

Este miércoles, durante la sesión de control al gobierno, Alberto Núñez Feijóo, criticó el plan del gobierno.

“El presidente censura y persigue a quien ose criticarle”, dijo el líder del principal partido de la oposición.

“No se veía una cosa así desde Franco”, agregó Núñez Feijóo.

El plan de Sánchez prevé, además, establecer límites a la pauta oficial. “Se utilizarán criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, aclararon los ministro que presentaron el programa del gobierno.

A su vez, será obligatorio publicar la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas.

También se garantizará que los sistemas de medición de audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusión, proporcionalidad, no discriminación, comparación y verificación.

Habrá una ley de secreto profesional de los periodistas que será la garantía jurídica para que puedan proteger a sus fuentes de información y se eliminarán los llamados delitos de opinión. Esto va a implicar reformas en el Código Penal, sobre todo en aquellos artículos que afecten al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, incluso cuando se refiera a las instituciones del Estado.

Se reformará la ley de secretos oficiales y la que pena a los considerados delitos de injurias a las instituciones del Estado. Hasta ahora, el gobierno no aclaró, sin embargo, si esta medida incluirá o no las injurias a la Corona española.

Sí confirmó que se va a reformar la ley de protección ciudadana, conocida como “ley mordaza”, y que el uso de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado será sancionado.

Aseguró, además, que se tomarán medidas para hacer frente a casos de lawfare, es decir, de instrumentalización política de la justicia.

Los diputados y los senadores que no declaren sus bienes o lo hagan con información falsa serán sancionados. También los partidos políticos deberán informar sobre sus cuentas.

Una vez por año será obligatorio celebrar una sesión parlamentaria sobre el estado de la Nación y los debates electorales serán obligatorios para todos los candidatos.

El plan incluye 31 medidas, muchas de las cuales deberán ser aprobadas por el Congreso, ámbito áspero para el gobierno a la hora de cosechar adhesiones.

El llamado “bloque de la investidura” que apoyó la última reelección de Pedro Sánchez y agrupa a los partidos de izquierda y a las fuerzas independentistas catalanas y vascas, ya dejó de ser un bloque.

El Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, apoyó el reconocimiento del ex candidato opositor al chavismo Edmundo González Urrutia como presidente electo que la semana pasada propuso el PP, una medida que los partidos de la coalición de gobierno, el PSOE y Sumar, rechazaron.

Y esta semana, Junts per Catalunya -la plataforma separatista de derecha del ex presidente catalán Carles Puigdemont-, votó en contra de un proyecto de Sumar para establecer topes al alquiler de temporada.

Aun sin saber cómo reunirá los votos, el gobierno de Sánchez se escuda en que el plan español está inspirado en la normativa que la Comisión Europea aprobó contra la desinformación y que todos los países del espacio Schengen deberán implementar a partir del año que viene.

“¿Por qué votan a favor del plan de acción por la democracia que apoyó la Comisión Europea en 2020-23 y apoyó el Parlamento Europeo en el ’24 y sin embargo en España dicen que no?”, fue la pregunta retórica que el ministro de la presidencia Félix Bolaños le hizo al PP este miércoles en el Congreso.